Con una medida alternativa que tendrá una duración de un año, que incluye tareas comunitarias y un aporte económico de $1.000.000 como reparación del daño ocasionado, un sujeto logró la suspensión del juicio a prueba. Una coautora ya cumple condena por estos mismos hechos.
Este viernes 20 de marzo se llevó a cabo una audiencia en la que se resolvió conceder la suspensión de juicio a prueba a un hombre imputado por el delito de hurto en modalidad de delito continuado.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila, quien en esta oportunidad fue representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto.
Venta de bienes por redes sociales
De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho se originó entre abril y junio de 2022. Los imputados (un hombre y una mujer), aprovechando que la víctima (quien alquilaba una habitación al acusado) había sido privada de su libertad por una orden judicial, ingresaron al inmueble ubicado en a venida Siria al 1500, en San Miguel de Tucumán.
Una vez en el interior, los sujetos se apoderaron de una gran cantidad de bienes, entre los que se destacaban electrodomésticos (heladera y lavarropas Samsung), herramientas profesionales (soldadora, taladro y amoladora), dispositivos tecnológicos (un dron y una computadora Intel i5), además de una bicicleta rodado 29 y uniforme de Gendarmería Nacional. También sustrajeron documentación crítica, como un formulario 08 de un vehículo y papeles analíticos secundarios. Según la investigación, los elementos fueron retirados del lugar en una camioneta blanca y posteriormente comercializados de manera directa e indirecta a través de publicaciones en Facebook y Marketplace, utilizando un perfil falso para obtener un beneficio económico ilícito en perjuicio del damnificado.
Condiciones impuestas y antecedentes
Durante la audiencia, la Fiscalía aclaró que, respecto a la mujer involucrada en el plan criminal, la misma ya cuenta con una sentencia condenatoria firme, dictada mediante un juicio abreviado previo.
En cuanto al imputado actual, en el marco de la probation, se estableció una serie de reglas de conducta por el plazo de un año, tareas comunitarias por lo que deberá cumplir la carga horaria que disponga la Oficina de Probation en la institución que se le asigne, reparación económica y pagar $1.000.000 en concepto de reparación del daño. El juez interviniente hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba, quedando el cumplimiento de estas medidas bajo estricto control de la justicia de ejecución.