Felipe Sosa es el principal acusado. El Ministerio Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua. Para Justina Gordillo y Jorge Díaz, imputados por encubrimiento, requirió seis años de cárcel.
Este lunes 26 de octubre comenzó el debate oral y público en el marco de la causa que investiga la muerte de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural de la zona de Manantial Sur. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, quien estará acompañado durante las audiencias por la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma y la legajista Giuliana Ricciuti. Por el hecho se encuentran imputados Felipe Sosa (50), Justina Gordillo (48) y Jorge “Chicho” Díaz (41). Cabe recordar que, mediante un juicio abreviado, el pasado 29 de julio fue condenado el otro acusado, Nicolás Navarro Flores (37), a tres años de prisión.
Durante su alegato de apertura, y tras exponer sus teorías del caso (ver aparte), el fiscal Gallo manifestó: “Miembros del Tribunal, las defensas técnicas de los acusados básicamente lo que van a decir es que aquí no ha pasado nada, que esto fue un accidente, que hay que buscar por otro lado. Pero nosotros les vamos a demostrar qué pasó y vaya que pasó mucho. Érika fue brutalmente asesinada por Sosa en el interior de su domicilio. A partir de allí, la gente más cercana a él, es decir, Gordillo, Díaz y Navarro, pusieron en marcha todo un despliegue de maniobras y recursos destinados a que este hecho quede impune, quede en la nada”.
El representante del MPF solicitó que Sosa sea condenado a prisión perpetua como autor del delito de femicidio. En tanto, para Gordillo requirió seis años de prisión de cumplimiento efectivo por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. Para Díaz pidió también seis años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave. La querella adhirió a las pretensiones punitivas de la Fiscalía.
El Ministerio Fiscal presentará a lo largo del juicio a 77 testigos, entre ellos, el condenado Navarro Flores, personal policial, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personas del entorno de los involucrados. También se expondrán pruebas genéticas de ADN, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, evidencia digital obtenida de distintos dispositivos y elementos secuestrados durante la investigación. Entre estos últimos se encuentran las bolsas que cubrían el cuerpo de Álvarez, cuerdas y teléfonos celulares, además de otros elementos incorporados a la causa.
Las jornadas del debate se extenderán hasta el 15 de diciembre. El tribunal está integrado por los jueces Gonzalo Javier Ortega (presidente), Eliana Gómez Moreira y María Valeria Mibelli.
La acusación contra Sosa
Según el MPF, el 7 de enero de 2026, alrededor de horas 3:37, Álvarez se retiró de su domicilio, ubicado en Gerónimo Helguera 1701, en San Miguel de Tucumán, a bordo de un automóvil solicitado mediante la aplicación Uber y se dirigió a la vivienda de Sosa, situada en Santo Domingo 1100, en Yerba Buena. La joven arribó aproximadamente a las 3:50. La Fiscalía sostiene que, entre las 3:50 y las 7:00, Sosa, valiéndose de la relación asimétrica de poder y de la situación de vulnerabilidad de Álvarez, la golpeó con gran violencia en las regiones craneofacial y cervical. Las lesiones provocadas le ocasionaron la muerte por traumatismo craneofacial y cervical.
El rol atribuido a Gordillo y Díaz
Respecto de Gordillo, la teoría fiscal sostiene que mantuvo comunicaciones telefónicas con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y que ese día se presentó en su domicilio en dos oportunidades, permaneciendo allí durante varias horas junto al acusado y Navarro Flores. Según la acusación, durante la noche, Navarro se retiró de la vivienda con dos bolsas que le había entregado Sosa y de las cuales luego se deshizo. Gordillo permaneció en el lugar hasta la mañana del 8 de enero.
La Fiscalía también le atribuye haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo de Álvarez y la eliminación de rastros del crimen, así como en la desaparición de elementos vinculados con la víctima y del teléfono celular. Además, sostiene que ayudó a Sosa a eludir la investigación y a huir a la provincia de Buenos Aires, al poner a su disposición una motocicleta KTM el 9 de enero y facilitarle posteriormente dinero e información sobre el proceso, hasta su detención, el 16 de enero. Según la acusación, Gordillo habría actuado con el propósito de obtener un beneficio patrimonial para sí y para Sosa.
En cuanto a Díaz, la Unidad Fiscal señala que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, se presentó en el domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio” y colaboró con la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del teléfono celular de Álvarez y la limpieza del lugar. Asimismo, según la acusación, al retirarse se llevó un estuche que contenía una pistola Glock calibre .40, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre .40 y cuatro cartuchos calibre 12, elementos que Sosa le habría entregado para que los ocultara.