El Ministerio Fiscal (MPF) pidió que se declare legal la detención y se dicte la prisión preventiva por el plazo de dos meses contra un joven de 21 años, imputado por el delito de robo agravado por efracción, ocurrido en la ciudad de Concepción. La estrategia de la fiscalía se basó en demostrar un marcado patrón de reiterancia delictiva y graves riesgos procesales.
El caso se originó a partir de una serie de robos sufridos por una vecina en el Barrio San Expedito. Gracias a las filmaciones de seguridad aportadas por la propia damnificada (donde se observa al sospechoso violentar la puerta trasera para sustraer electrodomésticos y elementos de cocina), la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, al mando de Héctor Fabián Assad, coordinó las tareas investigativas con el área operativa de la policía.
Con las pruebas recolectadas, que incluyeron el análisis de los registros fílmicos, actas de allanamiento y testimonios de vecinos que señalaron el accionar violento y adictivo del acusado, la fiscalía, solicitó y obtuvo las medidas judiciales de allanamiento. Durante el procedimiento en la vivienda del imputado, no solo se secuestraron las prendas de vestir utilizadas en el hecho delictivo, sino que además se halló una chapa patente con pedido de secuestro vigente por el robo de una motocicleta en 2024.
El peso de la reiterancia delictiva
Durante la audiencia de formulación de cargos, oralizada por el auxiliar de fiscal, Alejandro Diéguez, se fundamentó con firmeza la necesidad de una medida de coerción de máxima intensidad. Diéguez, expuso que el imputado no es un delincuente primario, sino que cuenta con otros dos legajos abiertos en el transcurso del año por delitos contra la propiedad, uno de ellos cometido en perjuicio de la misma vecina damnificada. Para la fiscalía, este historial evidencia un patrón de conducta que representa un peligro real para la sociedad.
Asimismo, el MPF advirtió sobre el inminente peligro de entorpecimiento procesal y fuga, destacando la cercanía geográfica entre el domicilio del acusado y el de la víctima, quien aún debe prestar declaración judicial.
Ante estos argumentos, el magistrado interviniente hizo lugar parcialmente a lo solicitado por la fiscalía, dictando un mes de prisión preventiva mientras continúan las pericias antropométricas y se prepara la elevación a juicio oral.