Condenada por triangular más de $4,3 millones tras el hurto de un celular

La acusada, una estudiante de profesorado, sin antecedentes, admitió haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir y dispersar en cuestión de segundos el dinero sustraído de las cuentas bancarias de la damnificada, luego de que le robaran su teléfono durante un recital.

El Ministerio Fiscal homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual se condenó a un joven de 22 a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras ser considerada culpable, como partícipe necesaria, del delito de defraudación mediante manipulación informática, tras haber facilitado su billetera virtual para vaciar las cuentas de una mujer a la que le habían sustraído su teléfono celular en la ciudad de San Isidro de Lules.
El convenio judicial fue impulsado por el fiscal Diego Sebastián Hevia, titular de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N° 2, con el acuerdo de la defensa oficial y la conformidad de la parte querellante.

El robo

El hecho ocurrió durante la madrugada del 19 de mayo de 2025. Cerca de la 1:00, al retirarse de un recital en la plaza 9 de Julio de Lules, la víctima advirtió que autores desconocidos le habían sustraído su teléfono celular Samsung Galaxy S24 FE.
Apenas 52 minutos después, una persona a la que se trata de identificar, logró vulnerar las medidas de seguridad del dispositivo e ingresar sin autorización a las aplicaciones de Mercado Pago y del Banco Galicia de la damnificada. En una secuencia ininterrumpida que duró menos de cinco minutos (entre las 01:52 y las 01:57), se ejecutaron cinco transferencias hacia la cuenta de Mercado Pago de la joven condenada: una por $26.800 desde la billetera virtual y otras cuatro desde la caja de ahorro bancaria por $100.000, $3.000.000, $1.000.000 y $60.000.
De acuerdo con la investigación del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), la estudiante no fue una receptora pasiva, sino que operaba su teléfono Motorola G60 en tiempo real mientras ingresaban los fondos. Apenas diez segundos después de recibir la última transferencia de la madrugada, giró $4.000.000 a la cuenta de una cómplice. Además, la pericia informática reveló que, cuatro minutos antes de recibir el primer envío, la imputada había buscado en internet la frase «cae banda de estafadores» y el código exacto del modelo de celular robado a la víctima.
El raid delictivo continuó esa misma noche. A las 22:29, mientras la familia de la víctima intentaba bloquear los productos desde su hogar, los delincuentes volvieron a ingresar a la aplicación bancaria, solicitaron un préstamo personal preaprobado de $200.000 a nombre de la damnificada y, un minuto más tarde, lo transfirieron nuevamente a la cuenta de la joven. En total, el perjuicio patrimonial ascendió a $4.386.800, suma que luego fue atomizada mediante múltiples transferencias hacia terceros, cuentas propias de la acusada y pagos en comercios.

El teléfono robado y las pruebas

Para la Fiscalía, el rol de la acusada como «mulera» o intermediaria financiera resultó indispensable para consumar la estafa, antes de que la víctima pudiera advertir los movimientos y bloquear sus cuentas.
Entre las pruebas clave que acorralaron a la imputada, los peritos determinaron que su teléfono estuvo georreferenciado en las inmediaciones de la plaza de Lules la noche del recital. Asimismo, dos días después del robo, desde el celular de la estudiante se tomaron fotografías (luego eliminadas) de la etiqueta de IMEI del Samsung Galaxy S24 FE sustraído, el cual terminó vinculando a su propia cuenta de Mercado Pago tras recibir instrucciones de una allegada para formatearlo, cambiarle el chip y fingir que lo había comprado.

Condena y reglas de conducta

Al momento de fijar la pena, el Ministerio Fiscal ponderó como agravantes la magnitud del daño económico (que dejó prácticamente vaciada la cuenta de la víctima) y la rapidez con la que se fragmentó el dinero en la madrugada. Como atenuantes, se tuvo en cuenta su juventud (tenía 20 años al momento del hecho), la carencia de antecedentes penales, su carácter de partícipe secundaria respecto del acceso informático y su reconocimiento de responsabilidad.
Para evitar el cumplimiento efectivo de la prisión, se valoró que la joven cursa el Profesorado de Educación Primaria y realiza prácticas docentes diarias. Durante los próximos tres años, deberá cumplir estrictas reglas de conducta bajo supervisión del patronato, entre las que se destacan:
Mantener su domicilio fijo en San Miguel de Tucumán, cumplir una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio en Lules, además de la prohibición absoluta de contacto u hostigamiento por cualquier vía, continuar con sus estudios terciarios y presentar certificados de alumna regular cada seis meses.
Finalmente, se dispuso el decomiso definitivo del teléfono celular Motorola G60 utilizado por la condenada para realizar las maniobras, el cual será formateado y entregado a la víctima en carácter de restitución parcial por los daños sufridos.

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