Este jueves 31 de agosto se realizó la audiencia correspondiente a la formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos I, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por la auxiliar fiscal Mónica Torchán.
La Fiscalía efectuó cargos por el delito de intimidación pública y requirió la prisión preventiva por dos meses y la inhibición de bienes, planteos que fueron aceptados por la jueza actuante.
El hecho se produjo el 7 de agosto y se trató de una amenaza telefónica respecto a la existencia de una bomba en ese establecimiento educativo.
Según la investigación, la imputada -madre de alumnos de ese colegio- sería titular de la línea telefónica desde la que se hizo el llamado con la amenaza.