Ocurrió mientras el transporte esperaba en el semáforo de Mate de Luna y Colón. El delincuente terminó siendo aprehendido. La Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV consiguió que le dictaran prisión preventiva.
Este martes 14 de noviembre se desarrolló una audiencia con el propósito de formular cargos y pedir la medida de coerción de mayor intensidad en contra de un sujeto identificado como Reynaldo Gabriel Farías (31). Se lo acusa de haberle arrebato el teléfono celular a una mujer (35) que estaba a bordo de un colectivo. En esta oportunidad actuó la auxiliar de fiscal, Paula Bellomio, en representación de la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV, dirigida por Susana Cordisco.
La teoría del caso planteada por el MPF afirma que el hecho se registró el domingo pasado, 12 de noviembre, cerca de las 13:30 horas. En ese momento, Farías saltó por la ventanilla de un colectivo de la línea 100 que se encontraba parado en el semáforo de la intersección de las avenidas Mate de Luna y Colón, tiró con fuerza y le arrebató el celular a una pasajera. Luego se dio a la fuga, pero terminó siendo aprehendido por personal policial dentro de su propio domicilio, en calle San Lorenzo al 2.300 (a tres cuadras), habiendo arrojado el teléfono previamente.
La Fiscalía le endilgó al imputado el delito calificado como robo simple en calidad de autor. “Es bastante grave. En Tucumán estamos ante la alerta de esta nueva forma de comisión de hechos delictivos, que tiene que ver cuando vehículos (en este caso, un colectivo) están esperando el semáforo y aprovechan eso”, manifestó Bellomio.
Asimismo, la funcionaria judicial añadió: “La víctima fue golpeada. Este sujeto se trepó arriba de un colectivo donde había un montón de chicos. En caso de avanzar la investigación, la pena sería de cumplimiento efectivo, ya que cuenta con antecedentes”.
En ese sentido, Bellomio solicitó que a Farías se le imponga la prisión preventiva por el término de 45 días mientras aguardan por la recolección y producción de nuevas evidencias, como ser el registro de las cámaras de seguridad de la zona. La jueza, por su parte, resolvió aceptar parcialmente el requerimiento del Ministerio Fiscal y ordenó la medida por el plazo de 30 días. A su vez, la magistrada dispuso el alojamiento en el servicio penitenciario.