Prórroga de la prisión preventiva por 45 días para el joven, de 28 años, y arresto domiciliario por 30 días para el hombre, de 55 años. La Unidad Fiscal de Cibercriminalidad del MPF está a cargo de la causa.
Por una investigación del Ministerio Fiscal que reveló los delitos de intimidación pública y estafas, este miércoles la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad pidió la prórroga de las medidas cautelares que vienen cumpliendo dos sujetos (de 55 años y de 28 años -padre e hijo-).
Por disposición del titular de la Fiscalía, Carlos Saltor, la auxiliar fiscal Jessie Luz García intervino en la audiencia y reformuló cargos. En contra del hijo la acusación es por el delito de intimidación pública reiterada en tres ocasiones en concurso real con estafa en doce oportunidades, en calidad de autor. En tanto su padre fue desligado de dos intimidaciones.
Según la teoría del caso, los días 12, 17 y 20 de octubre de 2023 realizaron llamadas amenazadoras al 911, indicando la presencia de explosivos en las entidades bancarias ubicadas en calle Maipú y esquina norte de esta ciudad capital. En tanto, al momento de efectuar las estafas (entre el 19 de octubre y el 21 de diciembre de 2023) involucraban la promesa de acceder a subsidios del Gobierno para lo cual las víctimas debían efectuar transferencias.
Luego de relatar los hechos atribuidos, la Fiscalía dispuso la extensión de la prisión preventiva por 45 días para el joven de 28 años y el cambio de modalidad (arresto domiciliario) por 30 días para el hombre de 55 años. Entre las medidas pendientes, la Auxiliar de Fiscal mencionó una pericia de voz que debe realizar la Policía Federal Argentina a través de la División de Acústica Forense.
«Los peligros procesales (de fuga y de entorpecimiento) subsisten y se encuentran potenciados. Resalto la gravedad del accionar de los imputados teniendo en cuenta las circunstancias en las que se han producido los hechos cometidos en horarios pico y en el centro de esta ciudad capital. Entiendo que estamos ante hechos graves porque los imputados infundieron temor en organismos públicos y bancarios provocando un caos en las zonas donde se hizo un despliegue del personal policial para evacuar a los empleados y a los ciudadanos del lugar, dando intervención a Bomberos para cortar las calles. En cuanto a las estafas, el imputado citaba a las víctimas con la promesa de la devolución del dinero invertido que finalmente no ocurría porque la amenaza de bomba casualmente ocurría”, expuso la investigadora. Para concluir, el juez interviniente dispuso hacer lugar al requerimiento de la Fiscalía.