El Ministerio Fiscal acusó a “Catamarqueño” del delito de robo simple. Ocurrió durante la medianoche del pasado 4 de agosto en la vía pública. Prisión preventiva por 30 días.
Por pedido de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, que conduce Héctor Fabián Assad, se realizó este lunes una audiencia para controlar la aprehensión, formular cargos y solicitar medidas de coerción en contra de un tal “Catamarqueño”, de 21 años de edad a quien se acusa de haber cometido un asalto en la vía pública contra una mujer que llevaba a su hijo recién nacido en brazos. El hecho ocurrió el 4 de agosto pasado, en el barrio San Martín de la ciudad de Juan Bautista Alberdi.
Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Sergio Hernández, solicitó en primer instancia que se declare legal la aprehensión del imputado, la cual tuvo lugar el sábado último en el marco de una orden emanada por el juez de la causa. La misma se dio cuando personal policial, realizando recorridos preventivos, atrapó al sujeto en calles Lucas Córdoba, entre Marañón y Marcelo T. de Alvear, de chicha localidad.
Luego el funcionario del MPF relató el ilícito que se le endilga. En este sentido, indicó que el día del hecho, a horas 00.20 aproximadamente, en la calle José Vignoli primera cuadra, “Catamarqueño” abordó a la mujer que cargaba el bebé entre sus brazos y la amenazó para que le entregue sus pertenencias, logrando apoderarse de un teléfono celular para luego darse a la fuga. Por este hecho quedó imputado bajo los cargos de robo simple consumado en calidad de autor.
Por último, la fiscalía requirió la prisión preventiva del acusado para poder avanzar con la causa. “El robo fue cometido en horas de la noche, y en contra de una mujer que iba con un bebe recién nacido, lo cual puso a la víctima en una condición de vulnerabilidad extrema”, manifestó el auxiliar de fiscal, que además hizo hincapié en que el sospechoso no tiene acreditado ningún domicilio en el que resida. “El riesgo de fuga se encuentra latente y justifica el pedido de prisión preventiva”, finalizó el investigador. A la hora de resolver, el juez interviniente avaló todas las actuaciones del MPF y ordenó que el imputado quede privado de la libertad por el plazo de 30 días.