Acusado por estafar a una amiga con la venta de un departamento

El MPF le imputó a un hombre el delito de defraudación por abuso de confianza, en perjuicio de una señora, a quien le había pactado la venta de un inmueble.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Carlos Saltor, este lunes se llevó adelante una audiencia con el propósito de formular cargos y solicitar medidas cautelares contra un hombre. Se lo acusa de haber engañado a una amiga con la venta de un departamento ubicado en el barrio Obispo Piedrabuena de la capital tucumana. En representación del fiscal, estuvo presente el auxiliar Francisco Galíndez, quien en primer término relató de qué se trata el hecho endilgado.


El 12 de septiembre del 2022, el imputado y la víctima pactaron vía WhatsApp la compra-venta de un departamento situado en calle Mario Bravo al 1200, propiedad del acusado, por el monto de $ 8 millones a pagarse con un anticipo de $ 1 millón y el resto en cuotas de $ 70.000 debido al vínculo personal de confianza que existía entre ambos. Una semana después (19 de septiembre), la señora le pagó personalmente $ 300.000; mientras que un mes más tarde (19 de octubre) le realizó una transferencia por $ 700.000 restantes para la seña inicial.


Asimismo, la víctima realizó cuatro pagos de las cuotas pactadas por $ 70.000, siendo efectuados el 10/11/22, 10/12/22, 14/01/23 y 23/02/23. Por otra parte, el 24 de octubre del 2022 la víctima le solicitó al imputado ir a ver el departamento, pero éste le ponía diferentes excusas. El 2 de noviembre, día en que habían pactado verse en el inmueble, la mujer verificó el mal estado de la propiedad, haciendo el correspondiente reclamo al acusado, que se comprometió a realizar los arreglos.


El Auxiliar de Fiscal le atribuyó al hombre ser presunto autor del delito defraudación por abuso de confianza. Y, con el objetivo de resguardar la investigación, pidió que se le impongan medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por el plazo de 60 días. Finalmente, al comunicar su resolución, la juez interviniente decidió hacer lugar al requerimiento del Ministerio Público Fiscal.

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