Las partes dieron dictamen favorable para la aplicación de una probation. Días atrás, el coimputado ya había accedido a la misma salida alternativa.
Este martes 22 de octubre, por pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, al mando de María del Carmen Reuter, se desarrolló una audiencia con el fin de controlar la legalidad de la detención y formular cargos contra un joven de 21 años. Tenía una orden de detención emitida hace una semana (15 de octubre) por ser sospechoso de haber participado en la estafa a un corralón de la ciudad de Tafí Viejo.
El auxiliar de fiscal, Rodrigo Bilbao, se encargó de exponer la acusación del MPF. El 16 de septiembre de 2024, en horas del mediodía, el imputado, actuando junto a otras dos personas, se contactaron con un corralón mediante WhatsApp donde realizó la compra de chapas acanaladas y perfiles por el importe de $2.364.230, remitiendo una captura de pantalla de un comprobante de transferencia de pago a la cuenta bancaria a nombre de la víctima, importe que no impactó en la cuenta de destino.
En ese contexto, durante la tarde del mismo día, el acusado primero se hizo presente en el corralón ubicado en avenida Roca y Marco Avellaneda, donde firmó un remito con un nombre que no es el suyo. Luego, en compañía de los otros dos cómplices, fue al depósito del corralón situado en Jesús Rafael López, entre Roca y Thames, en un camión Mercedes Benz, donde retiró la mercadería antes mencionada.
La calificación legal asignada es la de coautor del delito de estafa, precisó Bilbao, que emitió dictamen a una suspensión de juicio a prueba (probation) propuesta por la defensa técnica del imputado.
La aplicación de este instituto implica la realización de tareas comunitarias, cumplimiento de reglas de conducta y una reparación a la víctima de $ 500.000. Finalmente, el juez aceptó lo requerido. Cabe mencionar que, el pasado 8 de octubre, otro coimputado arribó a la misma salida alternativa, pero con un monto de $ 2.400.000 en concepto de reparación.