La imputada utilizó un nombre falso para llevar a cabo el fraude. Por el mismo caso, un hombre se encuentra con prisión preventiva. Interviene por el MPF la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I. Importante daño patrimonial a la víctima.
Por pedido del Ministerio Público Fiscal, este lunes 3 de febrero se llevó a cabo una audiencia con diferentes propósitos y contra dos imputados: una mujer de 54 años y un hombre de 45. En el caso de la femenina, la Fiscalía le formuló cargos y pidió medidas de coerción; mientras que con respecto al sujeto, solicitó que se extienda la prisión preventiva que ya viene cumpliendo.
La Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, y representada en esta ocasión por su auxiliar Paula Bellomio, les atribuye a ambos ser presuntos coautores del delito de estelionato.
Bellomio detalló la teoría del hecho endilgado. La misma sostiene que el 8 de abril de 2024, los imputados (ella usando un nombre falso) vendieron a una mujer, mediante boleto de compra-venta certificado por escribano público, un terreno ubicado en San Pablo (Lules) correspondiente a un inmueble de mayor extensión, a sabiendas de que no les pertenecía y, por lo tanto, no tenían derecho alguno a la venta del mismo.
Esto le ocasionó a la víctima un perjuicio patrimonial de $2.000.000 como adelanto, $47.000 en gastos de escribanía, $45.000 en martillero y la entrega de 24 pagarés firmados por la suma de $200.0000, que iban incrementando con un interés del 40% a partir del sexto mes, todos los cuales quedaron en poder de los acusados.
A continuación, la investigadora requirió que a la imputada se le impongan medidas de coerción de menor intensidad (es decir, reglas de conducta) por el plazo de seis meses. En cuanto al acusado, demandó que se prolongue la prisión preventiva por el término de tres meses, al considerar que aún se mantienen vigentes los riegos procesales de peligro de fuga y obstaculización.
Al comunicar su resolución, la jueza decidió aceptar las medidas solicitadas contra la mujer e hizo lugar parcialmente a la prórroga pedida contra el hombre, otorgándola por 26 días.