Solicitaron elevar a juicio al «Rey de la Salada» y a dos socios por evasión tributaria

La causa se inició en marzo de 2015 por una presentación de la AFIP.

La Justicia solicitó elevar a juicio a Jorge Omar Castillo «el Rey de La Salada» y a dos de sus socios por evasión tributaria.

La elevación a juicio oral y público fue presentada por la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, y es por la comisión de delitos cometidos en el marco de la explotación del complejo comercial «Feria La Salada», desde 2013 y hasta fines de mayo de 2017.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la presentación, a cargo del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la PROCELAC y la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, se acusó a Castillo, a Antonio Corrillo Torrez y a Aldo Enrique Presa como coautores del delito de evasión tributaria agravada por haber evadido el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al que se encontraba obligada la firma Punta Mogote S.C.A., entidad a cargo de la explotación comercial del «Complejo La Salada» de la que eran socios, cuya actividad consistía, entre otras, en el alquiler de los locales dentro del predio ubicado en Lomas de Zamora.

El requerimiento de elevación a juicio indica que estos hechos habrían sido cometidos mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas (originales y rectificativas), en las cuales, «principalmente, se omitió la exteriorización de ingresos gravados y se contabilizó facturación apócrifa».

Según la investigación, la deuda que se les atribuye es de  $126.684.567 desde enero de 2013 hasta mayo de 2017, inclusive; y los intereses -calculados por la Administración Federal de Ingresos Públicos al 26 de octubre de 2018- por ambos impuestos superan los 228 millones de pesos.

Se informó además, que el delito de evasión simple, que pesa sobre Castillo, prevé una pena de dos a seis años de prisión.

La causa se inició el 17 de marzo de 2015 a raíz de la presentación de la AFIP contra los responsables de la denominada «Feria La Salada».

Entre otras cuestiones, se consideró que los presuntos socios y puesteros del complejo resultaban ser empleados de los verdaderos responsables de la feria y beneficiarios finales.

NA

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