La imputada, de 51 años, es madre del considerado jefe de la banda y ex pareja del prófugo de 58 años. No se hizo lugar a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Fiscal. En su reemplazo, se dictaron medidas de menor intensidad por dos meses.
Una mujer, de 51 años, quien se desempeña como ayudante terapéutica fue imputada este viernes por el Ministerio Fiscal a través de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III, que dirige Carlos Picón. Está acusada del delito de asociación ilícita en concurso real con los delitos de hurtos agravados doblemente calificados por la sustracción de vehículos dejados en la vía pública y el empleo de llave falsa u otro instrumento semejante, en cuatro oportunidades.
“El legajo ya cuenta con 2.500 fojas y contamos con los elementos convincentes para sostener la existencia de este hecho ilícito y la vinculación de la señora. Son hechos graves por parte de esta banda y el daño a resarcir supera ampliamente los $100.000.000”, indicó el auxiliar de fiscal, Pablo D’Andrea, quien estuvo acompañado en la audiencia por el instructor, Luciano Delaporte. En esta causa su hijo, de 24 años, está imputado (considerado como jefe de la banda).
En tanto, su ex pareja de 58 años permanece prófugo. Como último punto, el representante del Ministerio Fiscal pidió la prisión preventiva por dos meses por los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento. Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente no hizo lugar a la privación de la libertad disponiendo en su reemplazo medidas de menor intensidad, entre ellas, que comparezca una vez a la semana a la comisaría más cercana a su domicilio y la prohibición de salir de la provincia. Sin embargo, el magistrado pidió una constatación domiciliaria.
La actuación de la organización criminal
Según la Fiscalía, desde junio hasta fines de julio de 2024 aproximadamente, dentro del territorio de Tucumán, los acusados y otros sujetos no identificados, en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer robos/hurtos de vehículos de alta gama dejados en la vía pública. Como medio para lograr esa finalidad, se valían de distintas actividades ilícitas o maniobras. Procuraban obtener camionetas para ser utilizadas como medio de movilidad en esos hechos delictivos, siendo que los rodados eran generalmente obtenidos bajo la misma modalidad, pero en otras provincias como La Rioja, Catamarca y Córdoba. Para ello utilizaban vehículos con patentes truchas o robadas para así disfrazarlas. Luego de que los rodados eran sustraídos, los vendían a personas ajenas a la asociación. Para ello, tenían contactos con compradores en Córdoba y en el país vecino de Bolivia.