El MPF consiguió la prisión preventiva del imputado, quien junto a otros tres sujetos habrían desvalijado un negocio durante la madrugada. Además, se llevaron una bicicleta, celular, posnet, medias y canilleras. Imágenes de cámaras de seguridad.
Este viernes se realizó una audiencia con el objetivo de formalizar la investigación, formular cargos y solicitar medidas de coerción en contra de Braian José Alberto Gómez. El joven fue aprehendido el último miércoles (18 de diciembre) en el marco de un allanamiento solicitado por el Ministerio Público Fiscal, donde se secuestraron elementos que habían sido sustraídos durante la madrugada del 4 de diciembre en un local comercial. La causa es dirigida por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, al mando de Susana Cordisco, representada en esta oportunidad por su auxiliar Pedro Landívar.
El investigador expuso que, entre las 03:40 y 04:20 horas, el acusado junto a “Luquita”, “Chanchín” y otro sujeto no identificado violentaron la reja y la puerta de ingreso de un negocio ubicado en calle Coronel Murga al 300 (Capital). Entraron en varias oportunidades al local y se apoderaron ilegítimamente de 200 pares de calzados (entre zapatillas y botines) valuados en $10.000.000, una bicicleta rodado 29, un posnet, un teléfono celular, y varios pares de medias y canilleras. Se dieron a la fuga con los elementos sustraídos en su poder, introducidos en bolsas negras de consorcio y en un bolso.
La Fiscalía le atribuyó a la conducta desplegada por Gómez el delito calificado provisoriamente como robo en poblado y en banda, en calidad de coautor.
Prisión preventiva
“Entendemos que acá hay riesgos procesales, tanto el peligro de fuga como el de entorpecimiento de la investigación. Es un hecho bastante violento donde se ingresó a un local comercial en horas de la madrugada. Se violentaron las vallas de seguridad que protegen al negocio y cuatro personas, en forma coordinada y conjunta, sustrajeron 200 pares de calzados”, manifestó Landívar.
Acto seguido, el auxiliar fiscal requirió que se dicte la medida de coerción de mayor intensidad (prisión preventiva) por el plazo de 60 días. El juez, al momento de resolver, aceptó lo demandado por el MPF y ordenó el traslado del imputado a una unidad del servicio penitenciario.