El MPF lleva adelante numerosas medidas para determinar responsabilidades y aplicar penalidades por el robo del fluido vital. Se trata de una investigación compleja y sin precedentes en Tucumán. La persona investigada se encontraría en España.
La investigación se puso en marcha a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). Según la misma, el martes 24 de septiembre de 2024, ante los numerosos reclamos por falta de agua en la zona oeste de Yerba Buena, el personal de Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) recorrió la traza de la toma Las Piedras (principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva en Lomas de Imbaud), detectando una conexión clandestina que desviaba parte del caudal de agua en dirección a una laguna ubicada hacia el este del acueducto. Ante esta situación los agentes de la SAT cortaron la conexión, retirando el caño no autorizado y a la consecuente reparación del acueducto.
El legajo investigativo recayó en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Fiscal, a cargo de Daniel Sosa Piñero. Luego, la instrucción continuó en la Unidad Fiscal Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, subrogada por el fiscal Carlos Saltor.
En el marco de la investigación se realizó una inspección del lugar, constatando los testimonios recibidos de parte de los testigos a la Sociedad de Aguas de Tucumán (SAT) que descubrió los desvíos clandestinos de agua.
Ante esa situación, se realizaron medidas de allanamiento. Como resultado de las mismas, se observó en el interior de una finca un caño de polietileno que desemboca en un piletón, que abastecía de agua al mismo de forma clandestina, procediéndose a desenterrar dicha conexión ilegal, extrayendo mediante la utilización de una retroexcavadora una extensión de 32 metros de cañería que se encontraba enterrada, procediéndose a la extracción de la llave esclusa y al corte del flujo de circulación del agua.
El MPF realizó un pedido de informes a Migraciones que fue corroborado respecto al paradero de la persona que es investigada por este grave ilícito, no encontrándose en el país, llegando a establecer que está en Europa, más precisamente en España. Paralelamente, la UFI solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) el agendamiento correspondiente para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de los cargos.