Por pedido de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del MPF se realizaron dos allanamientos en capital y en Lules donde se secuestró documentación importante para la investigación.
Desde noviembre de 2019, la cooperativa damnificada (de provisión de servicios para transportistas) resolvió por asamblea la contratación de un contador, cuyo domicilio laboral se encuentra en calle 9 de Julio al 100 de la localidad de Lules, designando al principal sospechoso (35) y a otro, como supuestos empleados de ese estudio, a los fines de realizar todos los trámites contables de la empresa damnificada, teniendo estos últimos acceso a la cuenta bancaria perteneciente a la cooperativa, con sus respectivas claves y token de seguridad.
“En diciembre de 2022 la empresa advirtió maniobras fraudulentas llevadas a cabo por el sospechoso quien transfería, entre otras maniobras, dinero de la cooperativa a particulares y empresas con las que no tenía relación alguna, generándole esta situación deudas y un perjuicio significativo a la cooperativa”, señala el decreto de apertura de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del MPF, que dirige Carlos Saltor. Por tal motivo, el pasado martes 1 de octubre, por pedido de la Fiscalía, la jueza competente autorizó dos allanamientos (practicados en calle Chacabuco al 400 y en un inmueble de La Reducción – Lules). En esas circunstancias, se secuestró un teléfono celular y documentación importante para la investigación (título de automotor, cédula de identificación y extractos bancarios, entre otros).
