El Ministerio Público Fiscal le imputó nuevos hechos y podrían sumarse otras 40 víctimas. Está acusado por el delito de estafas reiteradas por abuso de confianza. La medida de coerción, de máxima intensidad, vencerá el jueves 10 de abril.
Por solicitud de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del MPF, al mando de Carlos Saltor, este lunes 10 de febrero se llevó a cabo una audiencia donde se formularon nuevos hechos a un hombre de 39 años, propietario de una concesionaria de vehículos ubicada en San Juan al 2700 de esta ciudad capital. La calificación legal provisoria que se le atribuye es la de ser presunto autor del delito de estafas reiteradas por abuso de confianza.
En la jornada, el auxiliar de fiscal, Francisco Galíndez, dijo que hasta hoy son 33 hechos y podrían sumarse otras 40 víctimas (cerca de 70 damnificados en total). Según la Fiscalía, el acusado recibió diferentes sumas de dinero en concepto de adelanto de pago por la compra de un automóvil pactando el saldo restante en 48 cuotas fijas y comprometiéndose a efectuar la entrega del nuevo vehículo entre siete a diez días, sin embargo, con el pasar de las semanas comenzó a dar diferentes excusas lo que dio como resultado que el rodado no fuera entregado a las víctimas, ni procediera a devolver el dinero, produciendo con ello un perjuicio patrimonial a los damnificados. Ante las nuevas denuncias y la probable participación de otros cómplices, el representante del MPF mencionó que los riesgos procesales (de fuga y de entorpecimiento) se acrecientan.
“Estamos en presencia de numerosas estafas, ya son 33 los hechos formulados (12 le fueron atribuidos en octubre del año pasado) y faltan sumar otras 40 víctimas”, explicó Galíndez. “En la investigación podrían estar incluidas más personas por lo que consideramos que el imputado no habría actuado en soledad”, añadió al tiempo de informar que restan medidas periciales por efectuarse. Finalmente, el juez actuante consideró que el plazo requerido para la prisión preventiva (59 días) lucía razonable y entendió que no están dadas las condiciones para proceder a un arresto domiciliario (planteo esgrimido por la defensa).