El Ministerio Público Fiscal le imputó el delito de estafas reiteradas por abuso de confianza, en perjuicio de numerosos clientes. Se tratarían de más de 50 millones de pesos, sumado a que a muchas víctimas nunca recuperaron sus vehículos.
Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Carlos Saltor, este lunes 14 de octubre se desarrolló una audiencia con el fin de formalizar la investigación, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un hombre de 39 años, propietario de una concesionaria de vehículos ubicada en San Juan al 2700 (San Miguel de Tucumán). La calificación legal provisoria que se le atribuyó es la de presunto autor del delito de estafas reiteradas por abuso de confianza. El encargado de oralizar la acusación fue el auxiliar de fiscal, Francisco Galíndez. Se trata de once hechos ocurridos entre el 24 de octubre del 2023 y el 13 de septiembre del 2024.
Básicamente, esta persona realizaba dos tipos estafas. En una de ellas, las personas iban al local para vender un automóvil, se lo entregaba al acusado con un contrato de consignación y finalmente él los engañaba mintiéndoles que estaba vendido y que vayan urgente a firmar el formulario 08 a una escribanía, donde los transfería, pero las víctimas nunca lograban cobrar el dinero. La segunda metodología era con gente que quería comprar un vehículo usado, se dirigían hacia la concesionaria, pagaban un anticipo y el imputado los embarcaba en un crédito prendario por la diferencia, sin embargo nunca entregaba el vehículo en cuestión.
Entre estas once víctimas, en total fueron estafadas con más de 50 millones de pesos. Incluso a algunos de los clientes no sólo no les devolvió el dinero, sino que tampoco les entregó el auto o la camioneta. Desde el último 11 de octubre, el sujeto tenía pedido de captura solicitado por la Fiscalía.
Multiplicidad de víctimas y medida de mayor intensidad
“Estamos en un momento incipiente de la investigación. Puede ampliarse la imputación a otros partícipes a quienes hasta ahora aún no les tenemos concretamente identificados”, afirmó el fiscal Saltor. A continuación, su auxiliar solicitó que se ordene la prisión preventiva por el plazo de 60 días (vencimiento el 13 de diciembre).
“Encontramos acreditada la existencia de elementos de convicción, que surgen de las evidencias, para sostener que el delito se cometió y para considerar razonablemente que el imputado sería el autor del mismo”, argumentó Galíndez, que añadió: “En todos los hechos él firma los contratos de consignación, se comunica con las víctimas, recibe los automóviles y el dinero”.
“Quedan por producir muchas medidas de investigación, entre ellas declaraciones testimoniales a nuevas víctimas. Hay aproximadamente 30 víctimas, o sea que sería una causa mucho más grande”, manifestó y reforzó la teoría del fiscal, que sospecha que el acusado pudo haber actuado con la colaboración de otras personas.
Al finalizar la audiencia, la jueza aceptó todo lo demandado por el Ministerio Público Fiscal (con adhesión de las querellas) y ordenó el alojamiento del acusado en el servicio penitenciario.