La extensión de la medida será por otros 45 días. El Ministerio Fiscal le imputó un total de ocho hechos por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas. Realizaba el cobro por adelantado de alquileres a puesteros, que luego no rendía, y la venta de locales que se encontraban en construcción. Multiplicidad de víctimas. Puede haber otros cómplices, entre ellos, un abogado.
Ayer martes 2 de julio se llevó a cabo una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo un policía (de 41 años), acusado por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y estafas reiteradas. Por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, que dirige María del Carmen Reuter, participó la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, quien reformuló los cargos (endilgados en la primera audiencia del 19 de mayo) contabilizando un total de ocho ilícitos, al sumarse nuevas víctimas. Seguidamente, la investigadora solicitó la prórroga de la medida de coerción de mayor intensidad por otros tres meses, requiriendo el inmediato traslado desde su lugar de detención al penal de Villa Urquiza, al considerar que el imputado gozaría de privilegios (al señalar posibles amenazas a las víctimas a través de teléfonos que le habrían suministrado). Al referirse a los riegos procesales mencionó el de fuga (donde fue habido en un inmueble usurpado) y de entorpecimiento.
“Estamos hablando de hechos que revisten cierta gravedad, en primer lugar, porque es personal de la fuerza de seguridad de la provincia, quien actuó en otras ocasiones como seguridad en algunos barrios. Cometió hechos delictivos estafando por una suma multimillonaria a víctimas. Hoy se agregaron otros feriantes que no estaban individualizados en la primera audiencia y, por ello, la importancia del daño a resarcir”, manifestó la Auxiliar de Fiscal sobre las características del hecho.
“Está finalizando la extracción de datos de UFED, por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a los teléfonos secuestrados en el marco de la presente causa para ver cuál es la información que surge”, adelantó y entre posibles cómplices señaló a un abogado (que estaría involucrado junto a otras personas). Como medidas pendientes indicó la pericia caligráfica (por la documentación y cheques emitidos) y el informe de titularidad de la línea (por la cual se estaría contactando con las víctimas, según los dichos de uno de los damnificados).
Para finalizar, el juez actuante resolvió hacer lugar a la prórroga de la prisión preventiva requerida por el Ministerio Fiscal pero por el plazo de 45 días.
La probable asociación ilícita
En otro tramo de su alocución, Bellomio dijo: “Se puede vislumbrar que no actuó solo y puede haber terceras personas que no tengan el carácter de personal policial, uno de ellos, sería un abogado (que estaría identificado) y en caso de corroborar todo esto estaríamos hablando de una posiblemente asociación ilícita. Habría una organización criminal, es decir, una delincuencia organizada”.
La teoría del caso
Según la Fiscalía, el empleado policial, cuando prestaba tareas de vigilancia en la feria Paseo Sáenz Peña (ubicado en avenida Sáenz Peña al 100), se le encargó el cobro de los alquileres, hasta que en la segunda semana de enero de 2024 no se presentó a rendir cuentas, generando un perjuicio económico a la sociedad locataria y a los feriantes. En tanto, simulando contar con facultades de administración que no poseía engaño aproximadamente a 22 puesteros, cobrando alquileres por adelantado (dinero que nunca fue rendido), entregando falsos recibos sin autorización. A continuación, entre agosto y octubre de 2023, engañó a dos feriantes, vendiéndoles sin autorización dos locales (los cuales se encuentran en proyecto de construcción en avenida Sáenz Peña 155). Luego, vendió dos terrenos en Tafí Viejo, simulando ser cesionario de los derechos sobre esos inmuebles. Finalmente, mediante un boleto de compra-venta falso, vendió como propio un bien ajeno a una de las víctimas.