La Unidad Fiscal Rosario y la querella solicitaron elevar a juicio una causa en la que una médica obstetra de 87 años está acusada de los delitos de supresión y alteración del estado civil de menores de diez años y falsedad ideológica de instrumento público al haber alterado la filiación de dos mujeres, quienes ahora buscan su verdadera identidad.
Según consta de la investigación, Olga Concepción Artale de Silva extendió certificados médicos con información falsa que permitieron inscribir a dos mujeres con filiaciones que no se correspondían con su origen biológico.
El requerimiento fue formulado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, representada por la abogada Julia Giordano, luego de que quedara firme el procesamiento, sin prisión preventiva, dictado en agosto pasado por el Juzgado Federal N°3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros.
El expediente se inició a partir de las denuncias presentadas por las dos damnificadas en 2022 y 2023, Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes advirtieron que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus progenitores en sus partidas de nacimiento de 1981 y 1982. Las causas tramitaron por separado hasta que fueron acumuladas debido a la coincidencia de la profesional imputada.
Alzugaray creció en la localidad santafesina de Maciel, donde fue criada por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray. Desde pequeña supo que no era su hija biológica, sin embargo, esa circunstancia no se reflejaba en su partida de nacimiento, en la que la obstetra Artale de Silva había certificado que nació el 11 de junio de 1981 y el vínculo biológico inexistente con sus padres de crianza.
Según relató la mujer, su padre de crianza le había contado que el contacto para su entrega se había establecido a través de una hermana de la médica, quien mantenía una relación con Ceresole. También indicó que fue entregada a su familia en una vivienda ubicada en la calle Richieri al 2000, de Rosario.
Acerca de Lobos, descubrió cuando ya era adulta que tampoco era hija biológica de quienes la habían criado, Esther Candusso y José Francisco Lobos. En su partida de nacimiento, la médica Artale de Silva también certificó una filiación biológica inexistente y consignó que había nacido el 5 de agosto de 1982.
Según la investigación, en ambos casos, la obstetra habría entregado a las familias un “certificado de nacido vivo” con su firma, que luego fue utilizado para inscribir a las niñas en el Registro Civil.
Para esclarecer los hechos, la fiscalía consideró necesario obtener perfiles genéticos de las denunciantes y de quienes figuraban como sus progenitores. El juzgado autorizó la toma de muestras biológicas, las cuales fueron remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su análisis. Los informes periciales descartaron la existencia de un vínculo biológico.
En mayo de 2025, al ser convocada a declaración indagatoria por el caso de Lobos, Artale de Silva se negó a hacerlo y alegó padecer “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria”, que atribuyó a un antiguo accidente laboral y a un traumatismo reciente.
Esta protesta derivó en la intervención del Gabinete Interdisciplinario de Diagnóstico Psico-Físico y Social de los Tribunales Federales de Rosario. Una primera evaluación concluyó que presentaba un deterioro cognitivo que le impedía comprender el proceso judicial.
La querella cuestionó ese informe porque no precisaba si el cuadro era transitorio o permanente. En diciembre de 2025, el juzgado suspendió el trámite y dispuso una nueva evaluación, destaca el portal Fiscales.
En marzo de 2026, un segundo examen determinó que la médica presentaba un “deterioro cognitivo leve” y que contaba con las condiciones necesarias para comprender la causa penal en su contra. Sobre esa base, el juzgado reanudó el trámite y el 2 de julio pasado le recibió declaración indagatoria por el caso de Alzugaray.
Luego de este escenario, el 3 de agosto siguiente, el juez Vera Barros dictó su procesamiento, sin prisión preventiva, por el delito de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con el de falsedad ideológica de instrumento público.
Desde la fiscalía aclararon que esta causa no guarda relación con la investigación penal que tomó estado público recientemente y en la que se encuentra imputada otra partera —de 88 años, identificada como D.E.V. y conocida como “Dolly”— por un presunto caso de supresión de identidad y otros hechos que se encuentran bajo investigación.
Convocatoria para encontrar a las madres biológicas
Mientras continúa el proceso, la Unidad Fiscal Rosario solicita la colaboración de los medios de comunicación y de la población para obtener información que permita identificar o localizar a las posibles madres biológicas de ambas damnificadas.
En particular, se convoca a mujeres que hayan dado a luz en fechas próximas a las consignadas en las partidas de nacimiento de ambas denunciantes y que puedan aportar datos relevantes para la investigación.
Agencia NA