Se le endilga la usurpación de título profesional, utilización de documentación apócrifa y desvío de fondos.
En una causa en perjuicio de una fundación de Yerba Buena, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, que conduce Fernando Blanno, solicitó la prórroga de las medidas de menor intensidad que viene cumpliendo el acusado. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, recordó la maniobra fraudulenta (usurpación de título profesional, utilización de documentación apócrifa y desvío de fondos) y mencionó que resta el análisis forense al celular secuestrado.
“Es necesario para poder acreditar no solo las comunicaciones sino también la confección y la recepción de comprobantes como también el manejo de las cuentas bancarias vinculadas en distintas transferencias”, detalló la representante del MPF. Al momento de la formulación de cargos (el 18 de diciembre del año pasado) se le impuso la caución personal de $6.000.000.
En la jornada del miércoles, Briz Tomás pidió también la prohibición de acercamiento a la sede de la fundación como al domicilio del denunciante. Finalmente, la jueza actuante aceptó lo peticionado por lo que resolvió extender las medidas (no privativas) en su contra por el término de 23 días cuyo vencimiento operará el viernes 31 de julio cuando culminará el plazo de la investigación penal preparatoria.
La teoría del caso
Según la Fiscalía, entre el 15 de mayo de 2023 y el 15 de mayo de 2024, el imputado mientras se encontraba contratado por la Fundación ProYungas, con domicilio en calle Perú 1180 de la ciudad de Yerba Buena, desempeñándose como coordinador de todas las actividades de gestión financiera del proyecto “Impacto Verde” fue que simuló la condición de Contador Público Nacional, profesión para la cual carece de título habilitante, ejerciendo funciones propias de dicha incumbencia profesional. Asimismo, la acusación sostiene que desde el 25 de agosto de 2023 hasta el 15 de abril de 2024, siendo su responsabilidad el control efectivo de los procedimientos administrativos y la presentación de la documentación necesaria para la realización de pagos, dispuso de los fondos de la Fundación y gestionó pagos del proyecto. En ese marco, utilizó un total de 13 facturas apócrifas, las cuales fueron abonadas con fondos de la Fundación, permitiendo el desvío de dinero hacia personas que no se encontraban vinculadas a la institución ni prestaron servicio alguno. Como consecuencia de estas maniobras, se generó un perjuicio económico estimado en $13.182.401,18, aproximadamente.