La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I formuló cargos a un hombre, de 31 años, y pidió su prisión preventiva, no concedida por el juez actuante, ya que se encontraba con una orden de captura y rebeldía. Su padre y esposa también están acusados en el marco de la investigación pero con medidas de menor intensidad no privativas.
Una investigación iniciada por estafa, usurpación y amenazas permitió la imputación de un hombre, de 31 años, quien tenía una orden de captura y rebeldía (se encontraba en Santa Fe). La Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal (MPF), a cargo de Diego López Ávila, lo imputó por tres hechos en perjuicio de una familia que fuera despojada de su vivienda en el barrio AGEF. En esta causa, su padre (70) y su esposa (30) ya fueron acusados (están sometidos a medidas de menor intensidad, no privativas, por el término de seis meses). En tanto, por solicitud del MPF se ordenó la restitución provisoria del inmueble. En su exposición, la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, dijo que en los allanamientos practicados se secuestró documentación, cheques, talonarios y un arma.
“Respecto de la usurpación por despojo por abuso de confianza existe un contrato de alquiler firmado entre las partes y el convenio de desocupación (a efectivizarse en fecha 10 de enero del presente año) con certificación ante escribano público”, agregó la investigadora sobre las evidencias recolectadas.
Al momento de resolver y pese al pedido de la prisión preventiva, el juez actuante resolvió otorgarle al masculino el arresto domiciliario por 30 días.
Alquilaba el inmueble que posteriormente usurpó
El lunes 30 de agosto del año pasado, el imputado compró mercadería en el negocio de la víctima entregándole al damnificado, en forma de pago junto con el abono del alquiler del inmueble en el barrio AGEF, un cheque por la suma de $1.200.000, a sabiendas y con pleno conocimiento que se encontraba denunciado penalmente por el librador con orden de no pago logrando así que la víctima recayera en error, aceptara el mismo y, consecuentemente, otorgara la mercadería y liberara el monto del pago del alquiler del inmueble en la creencia de que su crédito estaba saldado, afectando con su accionar su patrimonio.
El martes 12 de noviembre, a pesar de haber suscripto un convenio de desocupación de inmueble con el damnificado con fecha del martes 3 de diciembre, el cual establecía la desocupación efectiva para el viernes 10 de enero del corriente año, se negó en forma persistente a retirarse del domicilio y a abonar los alquileres adeudados, manteniéndose en la ocupación del inmueble hasta la fecha. “Con este obrar, abusó de la confianza depositada por la víctima, manteniéndose en la propiedad contra la voluntad de su propietario afectando con ello su derecho de propiedad y el normal ejercicio de sus facultades sobre el inmueble”, detalló la Auxiliar de Fiscal durante la formulación de los cargos.