El hecho ocurrió en Ranchillos, cuando dos sujetos, de 27 y 18 años respectivamente, ingresaron a una institución educativa con la intención de sustraer dinero, golosinas, una notebook y otros elementos. Ambos deberán cumplir tareas comunitarias como parte de una suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de un año, además de abonar una reparación económica y acatar estrictas reglas de conducta que se mantendrán vigentes por dos años.
La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, dirigida por Carlos Picón y representada en esta oportunidad por el auxiliar de fiscal Fernando Godoy Ponce, llevó a cabo hoy, lunes 11 de agosto, una audiencia con el objetivo de avanzar en la causa penal contra los acusados, imputados por el delito de robo simple.
Según la acusación, el 24 de julio de 2025, cerca de la 1:30 de la madrugada, ambos sujetos, tras acordar previamente la distribución de tareas, ingresaron a la Escuela Provincial N° 2 “Provincia de San Luis”, ubicada en ruta 302, km 24, Ranchillos.
Rompiendo el ventiluz del kiosco, sustrajeron de la cantina aproximadamente $40.000 en efectivo, bolsas de plástico negras tipo residuo, una bolsa de chupetines, una de maní con chocolate, bolsas con gomitas, cajas de chicles, chocolates Misky, entre otras golosinas, una caja de chocolate “Hamlet”; además de una notebook con su cargador y una panchuquera. Posteriormente, se dieron a la fuga con los objetos sustraídos.
La propuesta aceptada
Fue acordada una reparación económica de $300.000 por parte del acusado de 27 años y $100.000 por parte del acusado de 18 años, a ser abonada a la víctima en un plazo de cinco días hábiles desde la aprobación del acuerdo.
Tareas comunitarias, con una carga de dos horas semanales, en la Asociación Civil “Jesús es Amor” de Ranchillos, como parte de una probation con vigencia de un año.
Reglas de conducta por dos años: fijación de domicilio, prohibición de consumo de alcohol y estupefacientes, prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 200 metros y obligación de someterse al control de la Oficina de Control de Acuerdos y Reglas de Conducta del Poder Judicial.
Tras evaluar lo expuesto, el Ministerio Fiscal emitió dictamen favorable, y la jueza interviniente resolvió hacer lugar a la solicitud de suspensión de juicio a prueba para ambos acusados.