Los hechos se registraron en un local ubicado al sur de San Miguel de Tucumán. El Ministerio Fiscal requirió que el acusado permanezca privado de la libertad bajo prisión preventiva.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios en la audiencia correspondiente al control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).
Como primer punto, el representante fiscal relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se llevó a cabo la aprehensión, solicitando que se declare legal y legítima la misma. A continuación, describió el hecho por el cual formuló la acusación bajo la calificación legal de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar y robo en concurso real con robo con arma de fuego de utilería en grado de tentativa, en calidad de autor.
Seguidamente, el investigador del MPF requirió en contra del acusado la imposición de medidas de coerción de máxima intensidad por el plazo de 20 días, fundamentando dicha petición en la existencia de riesgos procesales y las medidas que restan por producir.
Finalmente, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.
El hecho
El día 3 de octubre de 2026, a las 14:50 horas, el acusado ingresó a la heladería «Grido», ubicado en avenida Néstor Kirchner al 2600 de San Miguel de Tucumán. Una vez en el interior, exhibió un arma de fuego que portaba a la altura de la cintura a la víctima, para luego apoderarse ilegítimamente de la suma de $38.000 provenientes de la caja registradora, como así también de dos tortas heladas, para posteriormente darse a la fuga.
Posteriormente, el día 8 de octubre de 2026, a las 14:00 horas aproximadamente, el mismo sujeto ingresó nuevamente al referido local y, mediante amenazas ejercidas con una réplica o arma de utilería, exigió la entrega del dinero de la caja registradora a los empleados, quienes al percatarse de que el elemento exhibido no era un arma de fuego operativa, procedieron a reducirlo y a solicitar auxilio al personal policial.