El Ministerio Fiscal logró la formalización de cargos contra el acusado y la imposición de medidas de coerción por seis meses, en una causa que investiga una maniobra fraudulenta sostenida en el tiempo en una empresa de motopartes.
Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego López Ávila, este miércoles 29 de abril se llevó a cabo una audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción contra de un hombre de 31 años, en el marco de una causa que investiga una presunta estafa en perjuicio de una empresa especializada en la importación y distribución mayorista de motopartes.
En esta oportunidad, la acusación fue expuesta por la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, quien atribuyó al imputado el rol de supuesto autor del delito de estafa.
De acuerdo a la acusación, se desempeñaba desde hacía aproximadamente ocho años como vendedor viajante y encargado de ventas en otras provincias, con cartera de clientes en Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca. En ese contexto, contaba con acceso directo al sistema informático de facturación de la firma “La Vía S.R.L.”, con sede la ruta provincial 301 kilómetro 17,5, en Lules.
El esquema fraudulento que salió a la luz
Según lo expuesto por la Fiscalía, entre octubre de 2017 y el 15 de mayo de 2025, el imputado habría aprovechado la confianza depositada por los propietarios de la empresa para desplegar una maniobra fraudulenta sostenida en el tiempo. En concreto, se le atribuye haber emitido facturas reales a nombre de clientes autorizados, pero entregando la mercadería a terceros no registrados, además de falsificar firmas en remitos y percibir pagos que no eran rendidos a la empresa.
La pesquisa también reveló que, con el objetivo de ocultar el desvío de fondos, el sujeto habría adulterado listados de deudores y brindado información falsa sobre la situación comercial de los clientes. Estas irregularidades salieron a la luz cuando los responsables de la firma realizaron conciliaciones y detectaron que supuestos compradores desconocían las operaciones facturadas. El perjuicio económico estimado asciende a aproximadamente $34.000.000.
En la audiencia, el MPF solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad —consistentes en reglas de conducta— por el plazo de seis meses, con el fin de asegurar el normal desarrollo del proceso. El juez interviniente hizo lugar a todo lo planteado por la Fiscalía, teniendo por formalizada la investigación, aceptando la formulación de cargos y disponiendo las medidas requeridas.